CDMX, Nación

Tras caso Fátima, piden fortalecer órganos de protección a menores

Tras caso Fátima, piden fortalecer órganos de protección a menores
Destacan la prevención y atención oportuna; fortalecer las procuradurías de justicia en lo legislativo y orgánico
CIUDAD DE MÉXICO
El caso de Fátima Cecilia además de molestia y dolor también genera alerta y diversas organizaciones solicitan fortalecer a las Procuradurías de Protección Nacional, Estatales y Municipales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) uno de cada diez feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el primer lugar entre los países con más delitos en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años.
Hasta 2017, la ONU ubicó a México en el primer lugar mundial en difusión y consumo de pornografía infantil.
Por lo que organizaciones humanitarias como World Vision México con base en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Título Quinto, De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Segundo, de las Procuradurías de Protección, articulo 122, destaca:
La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, juega un papel fundamental en la prevención, denuncia, respuesta y la restitución a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Urge a fortalecer las Procuradurías de Protección nacional, estatales y municipales en tres ámbitos clave:
En lo legislativo, ampliando competencias e impacto, y afrontar la serie de problemas de funcionamiento y cobertura, así como el obstáculo de facultades en materia legislativa para la prevención, respuesta, atención y denuncia a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
En lo presupuestal, garantizando mayor financiamiento, debido a que hubo una reducción entre 2016-2020.
En lo orgánico, se pide revisar configuración y la posición orgánica en la administración pública, a fin que tengan mayor marco de acción ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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